El artículo critica la nueva ordenanza de ocupación del espacio público de Palma, específicamente el artículo 86.14, que prohíbe obstaculizar los espacios públicos con materiales, juegos, reuniones o actividades.
Las autoras destacan una contradicción: mientras Palma lleva diez años formando parte de la red internacional de Ciudades Educadoras —que promueve la creatividad y el desarrollo cultural— la nueva ordenanza restringe las libertades ciudadanas en los espacios públicos.
El artículo subraya que la diversidad urbana debe entenderse como un potencial para el desarrollo territorial, y no regularse. Concluye que la educación, el conocimiento y la responsabilidad cívica —y no las ordenanzas restrictivas— son las que devolverán a las ciudades su carácter humano.
